Desde la recuperación del control territorial y el saneamiento del sistema sanitario, hasta las tensiones en el mercado laboral, el sector constructor y la autonomía monetaria; las prioridades que medirán el rigor técnico de la administración entrante.
La culminación de la jornada electoral y la consecuente definición de las directrices que asumirá el próximo gobierno a partir del 7 de agosto abren un espacio de profunda reflexión y análisis técnico sobre el estado real de las estructuras institucionales, políticas, económicas y sociales de Colombia.
Bajo esta premisa, EL NUEVO SIGLO presenta los ocho desafíos fundamentales que condicionarán el éxito o el estancamiento del próximo cuatrienio, divididos entre los ejes institucionales y sociales de mediano plazo, y las urgencias de estabilización económica, sectorial y laboral que configuran la realidad productiva del país.
1. Seguridad nacional y consolidación del control territorial
El primer desafío prioritario para la administración entrante se concentra en el restablecimiento y consolidación de la seguridad nacional y el orden público en todo el territorio nacional. El balance de las estrategias de negociación implementadas por el gobierno saliente bajo las directrices de la denominada “Paz Total” deja un panorama heterogéneo y de alta complejidad operacional para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
El Estado colombiano se enfrenta a la urgente necesidad de redefinir su postura estratégica frente a los diversos Grupos Armados Organizados (GAO), como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las denominadas estructuras disidentes de las antiguas Farc y las organizaciones vinculadas al control de economías ilícitas como el Clan del Golfo.
La persistencia de estos actores en la periferia geográfica y en zonas de valor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal no solo compromete la soberanía territorial, sino que afecta de manera directa la vigencia de los derechos fundamentales de las comunidades rurales.
A la par con la problemática rural, la seguridad urbana se ha consolidado como una de las demandas más sentidas por la opinión pública y el sector empresarial. Fenómenos de criminalidad transnacional y local, manifestados a través del incremento de la extorsión sistemática, el secuestro extorsivo, el hurto calificado y las disputas territoriales asociadas al microtráfico en las principales metrópolis del país, exigen una modernización sustancial de la política criminal y de los esquemas de inteligencia.
Expertos han insistido en que la articulación eficaz entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación será el eje central para contrarrestar la impunidad, fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública en entornos urbanos y restaurar los niveles de predictibilidad necesarios para la inversión económica y la libre movilidad ciudadana, pilares indispensables para el desarrollo estable del tejido social colombiano.
2. Estabilización en el Sistema de Salud
El sector salud representa el segundo reto estructural de carácter inmediato para el nuevo Ejecutivo. La arquitectura del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que durante más de tres décadas ha garantizado niveles históricos de cobertura en aseguramiento, atraviesa una de sus crisis de sostenibilidad financiera y operativa más severas de los últimos tiempos.
Las sucesivas intervenciones administrativas a las principales Entidades Promotoras de Salud (EPS), sumadas a los prolongados debates en el Congreso de la República respecto a reformas estructurales, han generado un entorno de alta incertidumbre institucional que repercute de forma directa en el flujo de recursos hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), clínicas y hospitales del país.
El nuevo jefe de Estado deberá asumir la gerencia técnica del sector con el objetivo primordial de restablecer la liquidez de la red hospitalaria y definir un modelo de operación eficiente. Esto implica, necesariamente, una revisión técnica y despolitizada de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual, según diversos gremios y analistas del sector, presenta un rezago estructural frente al incremento en la frecuencia de uso de los servicios médicos y la incorporación de nuevas tecnologías terapéuticas.
La administración entrante tendrá la tarea de materializar el cierre de las brechas de atención entre los grandes centros urbanos y los municipios periféricos, implementando estrategias que fortalezcan la atención primaria y garanticen incentivos reales para la fijación del talento humano especializado en las regiones que carecen de infraestructura básica de mediana y alta complejidad médica, evitando la parálisis de los servicios.
3. Calidad, cobertura y pertinencia en el sistema educativo
El tercer pilar de la agenda social y de desarrollo de largo plazo concierne a la educación pública y privada, un ámbito donde las demandas ciudadanas han transitado progresivamente desde la exigencia de acceso gratuito hacia la necesidad perentoria de calidad y pertinencia.
Los resultados recientes de mediciones estandarizadas a nivel internacional, como las pruebas PISA, y los indicadores internos del Examen de Estado (Saber 11), evidencian un estancamiento en el desarrollo de competencias básicas en áreas de lectura crítica, matemáticas y ciencias exactas, acentuando las desigualdades históricas entre la educación oficial y la privada, así como entre los entornos urbanos y rurales.
La gestión del Ministerio de Educación en el próximo cuatrienio deberá concentrarse en la reforma integral de los modelos pedagógicos desde la primera infancia, la mejora y modernización de la infraestructura escolar en las zonas más apartadas y la estructuración de programas robustos de formación continua para el magisterio nacional.
En lo que respecta a la educación superior, el desafío trasciende la política de gratuidad en la matrícula; la urgencia radica en alinear la oferta académica con las transformaciones de la matriz productiva global y nacional.
Esto requiere un impulso decidido a la formación técnica, tecnológica y a los programas enfocados en ciencia y tecnología, asegurando que los egresados cuenten con las herramientas necesarias para integrarse de manera efectiva al mercado laboral formal, disminuyendo así la obsolescencia educativa y potenciando la productividad general de la economía del país.
4. Reinserción diplomática y política exterior
El cuarto desafío de corte institucional y de soberanía se sitúa en el ámbito de las relaciones internacionales y la diplomacia económica.
El Gobierno entrante asume la dirección de la Cancillería en un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica, tensiones comerciales globales y un reacomodo de las alianzas tradicionales en el continente americano.
La política exterior colombiana durante los próximos cuatro años demandará un retorno al pragmatismo diplomático y el respeto riguroso a los principios del derecho internacional, alejándose de posturas de corte ideológico que puedan comprometer el posicionamiento del país en los mercados de capitales y en los organismos multilaterales.
La reconfiguración y el mantenimiento del carácter bipartidista en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América sigue siendo el eje prioritario de la diplomacia colombiana, dadas las implicaciones directas en el financiamiento de programas de desarrollo regional, cooperación militar y la balanza comercial de exportaciones no minero-energéticas.
En el plano regional, la normalización comercial e institucional con Venezuela exige, según expertos, una gerencia migratoria con visión de mediano plazo y una coordinación estricta en seguridad transfronteriza, con el fin de contrarrestar el accionar de bandas criminales en las zonas de frontera común.
Finalmente, la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) será fundamental para diversificar la oferta exportadora de la Nación, requiriendo un cuerpo diplomático altamente calificado y enfocado en misiones de diplomacia económica y comercial.
5. Banco de la República
Uno de los principales problemas que se presentaron en las relaciones del Gobierno y el Banco de la República fue el irrespeto por su autonomía.
Esta situación se presentó cuando en una reunión de la Junta Directiva, el ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, dejó tirados a los demás directivos por no estar de acuerdo con la decisión de subir los intereses.
Precisamente, un fallo de la Corte Constitucional dice:
“La coordinación de las funciones a cargo del Ejecutivo y del Banco no debe entenderse como la imposición de una colaboración con determinada política económica de un Gobierno, sino como la búsqueda de coherencia y cooperación entre las autoridades económicas en el desarrollo de la política económica del Estado, tal y como lo indicaron con precisión los constituyentes”.
El distanciamiento entre el Gobierno Petro y el Banco de la República tuvo un nuevo escenario: el Congreso de la República.
Allí, en la Comisión Cuarta, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, advirtió:
“Lo que se diseñó como un mecanismo para la coordinación de las políticas podría convertirse en un mecanismo para el veto de una autonomía, que no sería apropiado ni consistente con la Constitución”.
Ante esta situación el ministro Ávila respondió:
“La brecha que ustedes han abierto entre la tasa de interés y la realidad de la tasa de inflación también es muy grande y eso obedece a una estrategia en política económica, de impactos políticos, y nosotros no compartimos estas decisiones”.
6. La vivienda de capa caída
De acuerdo con el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, el gobierno Petro dejó “de capa caída” a la construcción tras desmontar el programa Mi Casa Ya, decisión que, dijo, elevó los desistimientos de compra de vivienda a cerca de 30.000 en el último año.
En el aspecto de infraestructura, y de acuerdo con la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el nivel de inversión en infraestructura ha sido insuficiente para compensar el atraso acumulado.
Colombia cuenta hoy con 64 concesiones activas que abarcan más de 5.200 kilómetros de carreteras, 16 aeropuertos, ocho zonas portuarias y más de 1.600 kilómetros de red férrea operativa.
En el análisis para el año pasado, revela que el 40,8 % de los hogares del país habitaba en una vivienda arrendada o subarrendada, lo que ubica a esa categoría como la predominante por cuarto año consecutivo.
Le siguen la ocupación de una vivienda propia (38,1 %), que incluye tanto a quienes ya la habían pagado (34,8 %) como a quienes todavía lo estaban haciendo (3,3 %).
En tercer lugar, se sitúan quienes habitaban en viviendas sin pago, con permiso del propietario (14,5 %), seguidos de los ocupantes de hecho (4,1 %) y quienes vivían en propiedad colectiva (2,4 %).
Según el reporte, al examinar los principales tipos de tenencia de la vivienda que habitan los hogares según el sexo del jefe/a, se observa que entre 2024 y 2025 se redujo la ocupación de vivienda propia en hogares con jefatura masculina, situación parcialmente contrarrestada por la ocupación de viviendas arrendadas o subarrendadas, mientras que en los hogares con jefatura femenina los resultados son similares en los dos años.
Pese a lo anterior, persiste la brecha en la ocupación de vivienda propia a favor de los hogares con jefes hombres.
7. Alcances de la inflación
La inflación anual llegó a 5,84 % en mayo después del aumento de 23,7 % en el salario mínimo de 2026 y de los efectos del frente frío del primer trimestre sobre la oferta de alimentos.
Los analistas consultados por el Banco de la República prevén que el indicador cierre el año en 6,48 %.
Durante los cuatro años del Gobierno Petro, la inflación se mantuvo por fuera del rango meta del emisor, fijado entre 2 % y 4 %. Las proyecciones indican que solo volvería a ese nivel dentro de cinco años.
Como respuesta, el banco central subió su tasa de interés de 9,25 % a 11,25 % en el primer trimestre.
El movimiento buscó frenar el consumo de los hogares y contener un nuevo repunte de precios, pero ya se contemplan revisiones adicionales que podrían llevar la tasa a 12 % en junio.
Precisamente, ante esta situación, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso abrir un debate para que la meta se establezca en un 4 % o un 5 %, lo que en su concepto no desbarataría la economía, pues ya lo han hecho otros países.
Expertos como Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, consideran que ajustar la meta de inflación tendría lógica si Colombia ya la estuviera cumpliendo.
“Proponerlo precisamente cuando llevan varios años sin alcanzarla no refleja una revisión técnica seria, sino una señal de que el país no ha logrado controlar su inflación. Es como estar a dieta y comprar ropa de una talla más grande: el problema no es la talla, es que la dieta no está funcionando”, sostiene.
Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, asegura que la propuesta de Ávila es inconveniente porque indicaría que el Banco de la República estaría dispuesto a hacer más flexible su política monetaria para generar más crecimiento, pero a expensas de mayor inflación.
“Disminuir esa exigencia porque simplemente no se logró controlar la inflación también sugiere inflaciones movibles que dependen del ciclo económico o del ciclo político, cosa que no debe pasar en un banco central que pretenda generar credibilidad”.
8. Mercado laboral
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que el desempleo fue de 8,8 % en abril, el nivel más bajo para ese mes desde 2001.
Pero esa mejora convive con una informalidad laboral de 55 % del total de ocupados.
El alza del salario mínimo para 2026 también elevó los costos laborales y se convirtió en una amenaza para la formalización.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó, al medio citado, que dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal este año.
La lectura del mercado laboral abrió además un desacuerdo entre los gremios productivos y el Dane sobre la medición de variables como la informalidad.
Mientras la entidad defiende que su metodología sigue lineamientos internacionales, Fenalco y la Andi se apoyan en los registros de cotizantes de la Ugpp.
Las cifras más recientes del mercado laboral en Colombia abrieron un intenso debate entre el Gobierno, los gremios económicos y sectores académicos sobre el verdadero estado del empleo formal en el país.
Mientras el Dane reportó la creación de más de 814.000 empleos formales en el último año, han surgido dudas de los datos presentados por la entidad debido a diferencias significativas frente a los registros de seguridad social.
Esto surge por un estudio de la Universidad de Antioquia en el que se comparan los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), utilizada por el Dane para medir el mercado laboral, con los registros administrativos de aportes a seguridad social.
Según el análisis, mientras la encuesta refleja un fuerte crecimiento del empleo formal, los registros de cotizantes muestran una tendencia mucho más moderada e incluso una reducción de trabajadores formales en algunos periodos.
Por otra parte, la informalidad laboral sigue afectando a gran parte de los trabajadores colombianos.
En enero de 2026, la tasa llegó a 55,3 %, 0,4 % más baja que en diciembre del 2025, pero impactando a 12.776.000 personas que siguen ocupadas dentro de esa modalidad.
De acuerdo con el reporte del Dane, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 41,0 %, mientras que en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 42,4 %.
Por su parte, en el trimestre móvil noviembre 2024 – enero 2025 la proporción de informalidad se ubicó en 42,1 % y 43,6 %, respectivamente.
Fuente: El Nuevo Siglo