Colombia está a la expectativa de la ley de rescate fiscal, que definirá el ajuste necesario
En un hogar colombiano, cuando la plata deja de alcanzar, empiezan las conversaciones que nadie quiere tener. Toca mirar un apartamento más pequeño o pasar a los niños a un colegio más barato. Duele, y aun así las familias que toman esas decisiones temprano suelen salir mejor libradas que las que esperan a que el banco llame.
El Estado colombiano está llegando a ese punto. Qué va a recortar y cómo se sabrá con la ley de rescate fiscal, que el presidente Abelardo De La Espriella prometió llevar al Congreso en los próximos días.
No es una cuestión de percepción, porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calcula que a agosto el déficit acumulado del Gobierno iba en 4,7% del PIB. Hace un año era 4,1%, y entre 2014 y 2025 el promedio fue de 1,9%. Para el cierre del año, el comité espera 7,8%. Traducido, el Gobierno gasta mucho más de lo que le entra y la diferencia la cubre con deuda. En un año en que el recaudo, sin contar los impuestos de emergencia, viene cayendo en términos reales.
Esa deuda ya está cobrando. De cada $100 que el Gobierno recoge en impuestos, casi $28 se le van en intereses, cuando el promedio histórico está cerca de $24. En el presupuesto de 2027, que quedó en $634,9 billones, el servicio de la deuda se lleva más de $155 billones, casi uno de cada cuatro pesos. El que haya cargado una tarjeta de crédito conoce la historia. La cuota sube y lo que queda para el mercado se encoge.
El recorte ya empezó. Con el decreto 1585, el Gobierno le quitó $13,8 billones al presupuesto de este año, 0,7% del PIB. De esa cifra, $6,8 billones son contratos que según el presidente no alcanzarían a ejecutarse o no eran prioritarios, $4 billones corresponden a menores pagos de deuda por la tasa de cambio y $3 billones salen del funcionamiento. En dos meses, el Gobierno cerró o acordó cerrar el vínculo con casi 5.000 contratistas. El domingo, De La Espriella dijo que la austeridad tenía que empezar por los que gobiernan.
Eso fue el abrebocas. El ajuste grande, el de 2027, viene en la ley de rescate. Durante la discusión del presupuesto circuló una cifra de unos $45 billones, 2,2% del PIB. El vicepresidente José Manuel Restrepo habló de casi $70 billones. Con cualquiera de las dos, lo que viene es de tres a cinco veces lo que ya se recortó. No sorprende que en el Congreso y en los mercados estén pendientes del texto.
Algo ya se sabe. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha insistido en que no será una reforma para subir impuestos y que el peso caerá sobre el gasto. Se habla de recortes en el Ejecutivo y de fusionar ministerios. El Gobierno confía en que la inversión privada, con incentivos y seguridad jurídica, llene el espacio que deje el Estado. Para Restrepo, el país ya no puede seguir creciendo a punta de derroche y gasto público.
Quien dependa del presupuesto debería ir haciendo cuentas. Contratistas, proveedores del Estado y entidades que viven de esos recursos van a sentir un ajuste de este tamaño. Habrá quien diga que recortar el gasto puede frenar la economía, y algo de razón tiene. Pero la otra salida, seguir pidiendo prestado cada vez más caro, tampoco es gratis, y esa cuenta termina llegándonos a todos.
De La Espriella dijo que no va a esconder las dificultades ni a prometer soluciones mágicas. Hace bien. Ahora toca hacer lo que hace cualquier casa que ve venir el apretón, que es prepararse antes de que llegue. Un ajuste hecho a tiempo incomoda. Uno aplazado sale bastante más caro.
Fuente: PORTAFOLIO