En marzo la mayoría de dueños de propiedad horizontal tienen una cita obligada que, este año trae una arista adicional: incrementos desbordados en costos de administración. Migrar a uso de tecnología en vez de pagar trabajadores, la disyuntiva.
Empieza marzo y con ello la obligatoriedad de los copropietarios en conjuntos residenciales de realizar las asambleas ordinarias que deben tener lugar antes del 31 del mes, según lo indica la Ley 675 de 2001.
Es común que estas reuniones estén caracterizadas por fuertes tensiones, debido a que en ellas se definen los presupuestos que se fondean con los pagos que realiza cada propietario.
Pero este año en particular, los agarrones suben de tono y han estado a la orden del día, según cuentan algunos ciudadanos que ya han tenido el encuentro anual.
La razón de esa situación es que los costos de administración y otras responsabilidades financieras de dueños de propiedad horizontal, por lo general, deben ser indexados al salario mínimo, el cual, en esta ocasión, tuvo un incremento inesperado del 23,7 %.
Lo que hay en la mitad de la prestación de estos servicios que se requieren en un conjunto residencial son personas que trabajan, en la mayoría de los casos, devengando el salario mínimo.
Prácticamente, en las asambleas de conjuntos residenciales se define su futuro laboral, pues en dichas reuniones, la alternativa que se empieza a barajar es la migración al uso de tecnología, debido a que no es fácil enfrentar el alto costo.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que el alto costo que les trasladan a los residentes de copropiedades, que son los que pagan la administración, para financiar la vigilancia, el aseo y demás, no se debe al pago incrementado a los trabajadores. “Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”, señaló.
Por el lado de los voceros de las empresas la visión es otra. Al tratarse de trabajadores que se encargan de la seguridad, normalmente se requiere de trabajo nocturno y dominicales, los cuales fueron incrementados en la reforma laboral.
La óptica empresarial
El servicio de vigilancia es el que más presiona y, según expresa Raquel Garavito, presidenta de FedeSeguridad, no parece ser algo negociable, pues la tarifa de vigilancia es altamente regulada.
“Hay una fórmula establecida con la cual se regula la prestación de un servicio de alto riesgo, lo que exige proteger al vigilante”, dijo.
Por esa razón, este trabajo, en términos de costos, difiere de los demás que dependen del salario mínimo. “Además del ingreso normal, es una labor que demanda el pago de muchas horas nocturnas, extras y dominicales”, recordó Garavito.
La directiva gremial agrega que además, a las empresas de vigilancia les exigen tener unos requisitos mínimos, como capacitaciones específicas al trabajador, hay que cumplir con dotaciones que no son de atuendos estándares que se pueden ir a conseguir en los almacenes tradicionales de venta de uniformes.
Impagable
Con toda la suma de variables que requiere un servicio de vigilancia, lo cierto es que el incremento en el costo tiene a mas de uno con los ojos desorbitados. Principalmente, cuando los trabajadores de los conjuntos son de ingreso medio, por lo tanto, no son beneficiados con incrementos salariales más allá de la inflación (5 %) o a veces, ningún alza, por la incertidumbre que tienen las empresas con su producción.
Según cálculos preliminares de FedeSeguridad, entre junio de 2025 y julio de 2026, la variación calculada es de 37,4 %. Allí se refleja el costo de dominicales, que pasó de 75 a 80 % y será del 90 % a partir de julio de 2026; la disminución de la jornada laboral semanal, que va en 44 horas y va a llegar a 42; la jornada nocturna, que ahora empieza a las 7:00 de la noche. Pero, principalmente, el peso que deja un aumento del salario mínimo en más de 23 %.
La disyuntiva está en si es viable cambiar este tipo de servicio por tecnología, y es justamente el motivo de discordia en los conjuntos residenciales que adelantan asambleas por esta época.
En la balanza se pone el costo que tendría la administración si se usara la tecnología para reemplazar los puestos de trabajo del personal de vigilancia que, según expresa Garavito, hasta complementa la tarea que corresponde al Estado de brindar seguridad ciudadana. “La vigilancia privada nunca pretende suplantar al Estado, pero en muchos casos sí se vuelve un aliado”.
De acuerdo con las explicaciones de la presidenta de FedeSeguridad, no todas las empresas están preparadas para hacer un cambio a la tecnología. “Una transformación de esa naturaleza implica hacer grandes inversiones, como por ejemplo, un centro de monitoreo, lo que a su vez requiere a alguien que esté vigilante. Aún si se hiciera, ya fue comprobado que hay mayor vulnerabilidad con tecnología que con la presencia de personal operativo”, manifestó.
Esos mismos argumentos son los que se debaten en las asambleas de conjuntos y que suscitan una verdadera controversia entre los propietarios. Unos piden que se mantenga al personal, otros abogan por la tecnología en su totalidad, y también hay quienes votan por un esquema híbrido.
Justamente, el costo de este tipo de servicios será lo que empuje hacia caminos distintos. En todo caso, el mundo tiende a evolucionar hacia el uso de la inteligencia artificial, además, porque este tipo de labores se pueden ir reduciendo. Así, “ese camino hay que irlo recorriendo a través de una transición”, aseguró Garavito
FUENTE: SEMANA