Vivienda usada y arriendos representan más del 70% de la demanda inmobiliaria en Colombia

POR: PORTAFOLIO – Valentina Delgadillo

La vivienda usada y los arriendos concentran más del 70% de la demanda inmobiliaria en Colombia, una cifra que confirma el peso de estas alternativas en las decisiones habitacionales de los colombianos, según datos de  Fincaraiz.   

Este comportamiento refleja cómo, en medio de tasas de interés altas y un entorno económico retador, los hogares priorizan opciones más accesibles, flexibles y ubicadas en zonas consolidadas.

De acuerdo con la plataforma, la mayor parte de las búsquedas se orienta hacia inmuebles usados y viviendas en alquiler, especialmente apartamentos de uno y dos dormitorios. Este tipo de unidades responde a las necesidades de movilidad laboral, reducción de costos fijos y búsqueda de espacios funcionales que se ajusten a presupuestos más ajustados y estilos de vida urbanos.

En el mapa de la demanda, Bogotá se mantiene como el epicentro del mercado inmobiliario, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla. Estas ciudades concentran buena parte de la oferta de vivienda, el empleo formal y los servicios, lo que las convierte en puntos de referencia para quienes buscan arrendar o comprar.

Sin embargo, el interés ya no se limita a las grandes capitales: ciudades intermedias como Pereira, Manizales y Villavicencio empiezan a ganar terreno en las búsquedas.

El aumento del interés por estas urbes responde a varios factores: menores niveles de congestión, costos de vida más bajos y una percepción de mejor calidad de vida. Para muchos hogares, estas ciudades representan un punto medio entre las oportunidades de las grandes capitales y las ventajas de entornos más tranquilos, con mejor equilibrio entre trabajo, tiempo libre y bienestar.

Otro fenómeno que destaca en las cifras de Fincaraiz es el crecimiento de las búsquedas de casas campestres y fincas, que registran un aumento superior al 18% frente al año anterior. 

Esta tendencia sugiere un cambio cultural en la forma en que los colombianos conciben la vivienda: ya no solo como un lugar cercano al trabajo o a los centros urbanos, sino como un espacio que ofrezca aire limpio, áreas verdes, tranquilidad y conexión con la naturaleza.

El auge del teletrabajo y los modelos híbridos también ha incidido en este giro hacia lo campestre. Al no depender a diario de una oficina física, muchos profesionales y familias están considerando vivir en las afueras de las ciudades o en municipios cercanos, siempre que cuenten con buena conectividad vial y acceso a servicios básicos.

En materia de precios, la dinámica se concentra en los estratos medios (3 y 4), donde la oferta y la demanda muestran mayor movimiento. En el caso de Bogotá, el arriendo de un apartamento en estrato 4 o 5 se ubica, en promedio, entre los 2,5 y 3,5 millones de pesos mensuales, lo que evidencia la disposición de los arrendatarios a pagar más por factores como ubicación estratégica, cercanía al transporte público, comercio, servicios educativos y zonas verdes.

Más allá de los valores y porcentajes, los patrones de búsqueda reflejan una transformación en las prioridades de los consumidores inmobiliarios. Hoy se valoran con mayor fuerza aspectos como la presencia de parques y zonas verdes cercanas, la facilidad de desplazamiento, la percepción de seguridad del sector y la eficiencia en el uso de los espacios internos de la vivienda.

Los inmuebles compactos, bien ubicados y con diseños funcionales se consolidan como los grandes protagonistas del mercado. Para muchos hogares, resulta más atractivo un apartamento de menor metraje pero mejor localizado, que una vivienda más amplia en zonas periféricas con mayores tiempos de desplazamiento.

En este contexto, la vivienda usada y los arriendos se perfilan como el eje de la demanda en el corto y mediano plazo, mientras la vivienda nueva enfrenta el reto de recuperar dinamismo y adaptarse a estas nuevas expectativas. 

La reconfiguración del interés hacia ciudades intermedias y entornos rurales también anticipa cambios en el mapa residencial del país, donde factores como bienestar, accesibilidad y sostenibilidad comienzan a tener un peso similar —o incluso superior— al de la propiedad misma del inmueble.